Por Raimon Rosado
CANCÚN.- A pocos meses de concluir la XVI Legislatura del Congreso del Estado, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, informó que están vigilantes a las previsibles reformas a la Ley de Entrega-recepción, para proteger con «paquetes de impunidad», a autoridades salientes.
En un comunicado, este organismo, indicó que como es costumbre, en los tiempos de terminación de los periodos constitucionales de los poderes del estado, en el Congreso se presentan iniciativas que hacen recordar la preparación de los llamados «paquetes de impunidad» para blindar a las administraciones fenecientes.
Esto, ante la evidente urgencia de diputados de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, sobre una iniciativa presentada, la semana pasada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), para sustituir o reformar esta ley,
Indicaron que para completar la aparente urgencia, la iniciativa se publicó como Decreto 224 en el Periódico Oficial del Estado en numero extraordinario del pasado 18 de marzo para entrar en vigencia sus
modificaciones al día siguiente, pese a no haberse subido a la página oficial del Congreso del Estado.
Señalaron que hay varios párrafos o incluso artículos de la ley que son importantes y que fueron eliminados, como los incluidos en los números 27, 33, 34, 35, 39, 65, 66 y 67.
También son destacables los cambios sobre dicha propuesta de Ley, en los conceptos o palabras para suavizar las responsabilidades de la administración estatal saliente.
Destacan como observación importante que aún que esta Ley contempla a todos los Poderes del
Estado no se señala ni precisa en el Artículo 11, a los integrantes de las Comisiones de Entrega que deben de participar en los Poderes Legislativo y Judicial.
Indicaron que ello, no se entiende si fue omisión o movimiento calculado para realizar a modo el siguiente proceso de entrega-recepción del Poder Legislativo.
Al calificarla como una ley procesada al vapor, el Observatorio Legislativo, señaló que en el citado Artículo, no se establece, ya sea por omisión o movimiento calculado, una Comisión de Entrega en el Congreso, como parte del proceso de culminación de funciones,