Cancún.- Esta mañana, a través de un comunicado, Observatorio Legislativo (OL) afirmó que en la actualidad hay más de 500 agentes de la policía desempeñan labores de «escoltas privados», sobre todo al servicio de empresarios y políticos, por lo que pidió al Congreso del local poner en orden y establecer un marco legal al respecto.
En entrevista, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, señaló que el estado se encuentra en un clima de inseguridad tal que obliga a la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo contar con elementos que verdaderamente operen para esta dependencia.
«En la práctica se ha dado que estos elementos se asignen a empresarios, incluso a dueños de medios de comunicación. Es decir, un número de elementos para su servicio, y que en la práctica, ni siquiera laboran de escoltas, sino que trabajan de chofer, de asistente», abundó.
En ese tenor, mencionó que la mayoría de los elementos asignados como escoltas pertenecen a la Policía Quintana Roo y a la Policía de Benito Juárez, corporaciones que requieren de mayor capacidad de respuesta, en la actualidad.
Galaviz Ibarra refirió que los escoltas deben ser asignados a personas que se encuentren en verdadera situación de riesgo, y que estén previamente acreditadas por el comité correspondiente.
Al referirse al gobierno estatal, comentó que hay mandatarios o exmandatarios, como Carlos Joaquín González, que ya no requieren de esos servicios, en muchos casos por no estar ni siquiera en la entidad.
«No creo que Carlos Joaquín, quien se encuentra en Canadá, como embajador, requiera de estos escoltas», agregó.
Asimismo, el presidente del Observatorio Legislativo apuntó que, en el caso de los municipios, estos no cuentan con normativas de asignación y control de estas decisiones, que son tomadas incluso por los alcaldes en turno.
Por lo anterior, Galaviz Ibarra señaló que es necesario que ya sea actualizado el capítulo referente a este tema, que se encuentra en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
«No hay reglas claras. Entonces, creemos que ya es necesario hacer una modificación al respecto, a favor de las corporaciones policiacas, tanto estatal como municipales», apuntó.
«Es necesario, por tanto, establecer en las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado y en las correspondientes municipales, las normas y políticas claras para la asignación de elementos de custodia y decidir la reinstalación inmediata de los elementos a sus corporaciones que tanto hacen falta para los servicios de seguridad pública», concluyó.
