CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México prepara un informe preliminar con argumentos para declarar que la mina Calica de Vulcan Materials está localizada dentro de un “área natural protegida”, lo que supone una posible expropiación de su terreno.
El informe será evaluado durante 30 días por los Gobiernos del estado de Quintana Roo, donde está ubicada la mina, así como por organizaciones sociales, comunidades indígenas y universidades, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado enviado el jueves.
Tal decisión favorecería las condiciones para más de mil 600 especies de animales y plantas en los bosques de la Península de Yucatán, dijo la autoridad. Aunque el comunicado no menciona específicamente la mina, la oficina de prensa de la secretaría confirmará que la propiedad está ubicada en el terreno que será considerado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva meses en enfrentamiento con la constructora estadounidense. La semana pasada, AMLO dijo que su Gobierno buscaría un “cierre definitivo” de la mina por vías legales después de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo para comprarla. Anteriormente había dicho que también podría declarar la ubicación como área natural protegida.
Por su parte, Vulcan Materials dijo en mayo que recibió una oferta del Gobierno de México que “subvalora sustancialmente” su propiedad. Según AMLO, la Administración ofreció comprar los activos de la firma en la costa caribeña por 2.000 millones de dólares.
La planta fue cerrada por el gobierno por presuntos daños ambientales, lo que ha impedido a la empresa extraer piedra caliza en el sitio que ha sido de su propiedad desde hace décadas.
La empresa con sede en Alabama ha buscado protección de la Administración de Joe Biden ante lo que consideró la amenaza de una expropiación por parte del Gobierno mexicano.
En mayo pasado, senadores estadounidenses advirtieron que la expropiación de terrenos de Vulcan por parte de México haría que se vieran obligados a considerar “todos los recursos disponibles” para evitar “el robo de esta propiedad”, de acuerdo con una carta que los funcionarios enviaron a la canciller mexicana Alicia Bárcena, a la que El Financiero tuvo acceso.