El juzgado alegó que el promotor no tiene intereses legítimos.
El Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Quintana Roo, denegó el amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana en contra de las ayudas sociales que otorgan diputados del Congreso local.
Los miembros del comité expresaron inconformidad por la decisión del juzgado y afirmaron que apelarán la resolución, al considerar que el Congreso excede las facultades previstas en la Ley orgánica.
El juez decidió sobreseer la demanda de amparo, del expediente 106/2021, el pasado 24 de diciembre, bajo el argumento de que las integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción carecían de interés legítimo para interponer dicho amparo.
El Amparo fue presentado el 3 de febrero de 2021 y ya había sido rechazado por un juez en marzo del mismo año.
Con este recurso legal se pretende declarar inconstitucional el presunto “uso indebido y discrecional” de los más de 70 millones de pesos anuales que se autorizan.
Esta partida se entrega a cada diputado y cada uno, sin mayor criterio que su voluntad, puede disponer de este recurso para ayudas como despensas, láminas, medicamentos, entre otros.
Mariana Belló, integrante del CPC y demandante, apuntó que lo aprobado en 2021 para ayudas sociales es 20 veces superior a lo presupuestado para el programa de violencia de género contra las mujeres, seis veces más que lo que se destina a Prevención y
- $70 millones de pesos anuales se autorizan para ayudas sociales.
- 20 veces más que el presupuesto para violencia de género contra mujeres.
- 6 veces más que los recursos para prevenir violencia contra mujeres y niñas.
- 2 veces que el gasto para combatir el rezago educativo.
Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas y casi dos veces a lo destinado para combatir el rezago educativo. Además, agrega Belló, en ningún apartado, fracción o artículo de la Constitución Política de Quintana Roo se conceden facultades al Legislativo para llevar a cabo esta tarea.
El reparto de ayudas sociales, argumentan, es una tarea exclusiva del Poder Ejecutivo, pues en el Congreso se carece de programas y reglas de operación, por lo que hay un manejo discrecional del gasto.
Janette Aguirre, también integrante del CPC, afirma que el Congreso sistemáticamente ha incumplido con la in[1]formación de estos apoyos, por lo que ha sido imposible revisar y evaluar la efectividad del gasto.