CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar presuntas irregularidades en contratos relacionados con sus actividades institucionales.
La denuncia incluye acuerdos vinculados con la elección judicial de 2025 y la fabricación de credenciales para votar. Ahora, la FGR deberá investigar los hechos señalados.
El organismo electoral sostuvo que busca proteger la legalidad y transparencia en el manejo del presupuesto público. También reiteró que no habrá distinciones por cargos o periodos de gestión.
A este caso se suman seis denuncias penales presentadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE contra funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Víctor Hugo Carvente, titular del órgano fiscalizador, informó que las acusaciones contemplan posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, uso de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público.
Asimismo, notificó a ocho servidores y exservidores públicos, además de una empresa, para que comparezcan en procedimientos por presuntas faltas administrativas graves.
Investigan contratos millonarios de empresas electorales
Durante una comparecencia ante diputados, el pasado 30 de octubre, Carvente reveló que cinco empresas presuntamente relacionadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos.
Los acuerdos se otorgaron entre 2014 y 2025 por organismos públicos locales electorales. Según el funcionario, las compañías habrían simulado competencia durante los procesos de contratación.
Entre los vínculos empresariales señalados aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes presuntamente formarían parte de una red de compañías.
Por su parte, fuentes legislativas señalaron que las denuncias también involucrarían a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y al contratista Alfredo Hernández Casillas.
Las autoridades deberán esclarecer los posibles delitos y determinar si existen responsabilidades penales o administrativas. Hasta el momento, los señalamientos forman parte de investigaciones y no representan culpabilidad acreditada.