MÉXICO.- La presidenta de Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de reforzar los filtros de integridad rumbo a las elecciones de 2027 y evitar que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a cargos públicos.
La propuesta fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ser discutida durante el próximo periodo extraordinario de sesiones. De acuerdo con la mandataria, la decisión responde a diversos casos detectados desde el inicio de su administración, en los que autoridades municipales habrían mantenido presuntos nexos con grupos delictivos.
“Desde que entramos al gobierno hemos vivido algunos casos aislados, no es una cosa generalizada, de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, explicó la titular del Ejecutivo federal.
La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros del INE. Este órgano trabajaría de manera coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para detectar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas.
Según el proyecto, los partidos políticos podrían entregar voluntariamente la lista de sus aspirantes para que se realicen evaluaciones preventivas. Posteriormente, cada instituto político asumiría la responsabilidad de registrar o descartar candidaturas en las que existan señales de alerta.
Además, se prevé que las investigaciones continúen bajo estricta confidencialidad y sin vulnerar el debido proceso ni la presunción de inocencia. Los aspirantes también deberán autorizar formalmente la revisión de sus perfiles antes de participar en el proceso interno de selección.
Sheinbaum recordó que, mediante la llamada Operación Enjambre, se identificaron presuntos vínculos entre funcionarios municipales y organizaciones criminales. Asimismo, mencionó casos recientes ocurridos en municipios de Jalisco y Morelos, donde autoridades locales fueron investigadas o detenidas.
La presidenta subrayó que muchas de las indagatorias surgieron a partir de denuncias ciudadanas, por lo que consideró indispensable establecer mecanismos preventivos antes de las elecciones intermedias de 2027.
Por otra parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia informó que también se analiza una nueva reforma al Poder Judicial. Entre los cambios planteados destaca la creación de una comisión coordinadora encargada de homologar los criterios de evaluación de aspirantes a jueces y magistrados.