CIUDAD DE MÉXICO.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral.
Durante la sesión nueve ministros se manifestaron a favor del proyecto que propone invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, derivado de violación al procedimiento legislativo.
Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña votaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B.
En tanto la ministra Yasmín Esquivel Mossa se manifestó en contra del proyecto y destacó que no se debe invalidar compromisos del legislativo por respeto de la división de poderes, también la ministra Loretta Ortiz Ahlf se manifestó en contra del proyecto.
En su intervención, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo que estaba con el sentido del proyecto, de declarar la invalidez de la primera parte del Plan B, y anunció un voto concurrente por vicios en el procedimiento legislativo.
El ministro José Luis González Carrancá señaló que votaría a favor de la propuesta. En tanto el ministro Luis María Aguilar Morales también comentó que estaba a favor de la propuesta, detalló que en una democracia deben escuchar las voces de todos en el congreso, “coincido con el proyecto donde hay diversas violaciones… con todo respeto dichas violaciones se vulneraron con los artículos 71 y 72 de la Constitución, se violentaron los principios de liberación democrática, no existió una deliberación democrática real y de fondo”.
En tanto el ministro Arturo Zaldívar dijo que votaría a favor del proyecto expresó que existieron violaciones al derecho legislativo, “se privó a los diputados en participar en un debate… no se podían posicionar en el fondo porque no lo conocían”
En tanto el ministro Alfredo Gutiérrez también se manifestó con la propuesta de invalidez, refirió que los diputados no tuvieron plazo para formarse una opinión informada.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que estaba a favor del proyecto, indicó que el 6 de diciembre del 2022 se presentó por parte de la diputada de Morena la iniciativa y el 7 de diciembre a la 1 am se efectuó la votación y en este sentido no tuvieron la posibilidad de conocer las iniciativas que estaban votando
En tanto el ministro Javier Laynez Potisek se manifestó con el proyecto al igual que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
El proyecto señala que existe violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal porque el Decreto combatido se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó para aprobación en la sesión del 6 de diciembre del 2022
Detalla que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario pues, para su aprobación, se recurrió al trámite de “urgencia u obvia resolución”; sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el supuesto del artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación con éste, ha establecido la Suprema Corte en jurisprudencia; y, 213.
“El Decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados
“Y las irregularidades cometidas en Comisiones de la Cámara de Senadores impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo”, refiere.
Por unanimidad, el pleno de la SCJN desechó en la sesión de este lunes la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad.
A unas horas de que la SCJN discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.
Al tratarse de un poder derivado “sin legitimación popular”, la Consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.
“De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.
“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, advirtió.